Venezuela se dispone a incrementar controles a los medios
La Asamblea Nacional discute dos normas que introducen más regulaciones a la radio, televisión e internet.
"Redactora de Noticias24.com, un medio digital venezolano."
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela está discutiendo dos reformas legales que introducirán nuevas regulaciones sobre la radio, televisión abierta, televisión por cable y, por primera vez, sobre internet.
Se trata de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también conocida como la ley "Resorte", que el Ejecutivo sometió esta semana a consideración del Legislativo, para su aprobación antes de que tomen posesión los recién electos diputados, en el período que comienza el 5 de enero.
Medios de comunicación privados, académicos críticos y gremios profesionales ligados al ejercicio del periodismo han dicho que las reformas buscan controlar la difusión de mensajes por todas las plataformas, poniendo fin, de hecho, a la libertad de expresión.
Los diputados oficialistas insisten en que no existe tal intención de atentar contra el derecho a la libertad de expresión.
Este martes, integrantes de gremios periodísticos y trabajadores del canal de noticias de línea crítica Globovisión -- que se consideran particularmente afectados -- protestaron frente al edificio sede del Legislativo contra las reformas legales.
Una de las quejas comunes tenía que ver con el hecho de que los cambios no hayan sido discutidos públicamente, tal como ordena la Constitución.
Mientras, en la red social Twitter hubo una protesta bajo el título de "sosvenezuelave", que alcanzó los primeros lugares de temas más repetidos a última hora de la tarde.
Internacionalmente, hubo manifestaciones de preocupación por parte de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Internacional de Radio y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros.
El coordinador de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, las inscribió dentro de un paquete de "leyes cubanas", aprobadas a última hora por un Parlamento a punto de cesar en sus funciones, y que buscan "construir un muro de Berlín legislativo" por parte del gobierno.
Parlamentarios oficialistas y portavoces de gobierno negaron que tal sea el caso. Insistieron en que se trata de regulaciones naturales y deseables sobre mensajes y medios, muchos de los cuales actúan conforme a objetivos malsanos, que terminan por afectar la salud pública.
El presidente de la subcomisión de Medios de la AN, Manuel Villalba, señaló que "nadie debe tener temor", porque las modificaciones legales tienen por objeto "defender a la ciudadanía" en temas como el abuso de menores.
"No creo que sea una situación que va a atentar contra la libertad de expresión, en absoluto. Estamos todos prestos a contribuir con el país, a que las herramientas tecnológicas puedan ser asumidas", añadió.
Para todos
"Manifestación frente a la Asamblea Nacional."
De acuerdo con el experto en comunicación Marcelino Bisbal, las reformas en discusión no pueden verse como proyectos separados. "Son la llave y el candado", le dijo a BBC Mundo.
Se trata de dos leyes complejas. La de Telecomunicaciones (Locte) consta actualmente de 224 artículos. De estos, 81 serían modificados y otros tantos serían añadidos. La Resorte tiene 35 artículos, más disposiciones transitorias.
Algunos temas aplican a todas las plataformas de comunicaciones de masas. Tal es el caso del artículo 8 de la Ley Resorte, que prohibiría la difusión de mensajes de sexo, salud y violencia de variado tipo, a cualquier hora. Eso incluye textos, imágenes, sonidos o descripciones de violencia en todas sus formas, consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o prácticas sexuales reales o dramatizadas.
Tampoco se permiten mensajes "que pudieran constituir propaganda de guerra", "manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público", los "destinados a desconocer autoridades legítimamente constituidas, irrespetar los Poderes Públicos o las personas que ejerzan dichos cargos", o "aquellos que pudieran inducir al magnicidio".
Otro artículo añade sanciones por "incitar o promover el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, diferencia de género, racismo, xenofobia" y por publicar contenidos que pudieran ser "discriminatorios", "contrarios a la seguridad de la nación" o "anónimos".
La regulación aplica a internet, y la responsabilidad de filtrar o suspender las páginas infractoras queda en manos de los proveedores del servicio. Según Marcelino Bisbal, esto "crea mecanismos gravísismos de censura y autocensura", mientras que para el oficialismo las quejas se adscriben a medios que "sirven a intereses de la oposición", según dijera Manuel Villalba.
Televisión y radio
En el caso de la televisión, la Locte exigiría a todas las plantas renovar sus concesiones, estén vigentes o no. Para tal efecto, los beneficiarios de la concesión deberán presentarse personalmente con sus papeles o se la dará por abandonada.
Críticos interpretan este artículo como dirigido específicamente hacia Globovisión, cuyo dueño, Guillermo Zuloaga, se encuentra requerido por la justicia venezolana por supuestos delitos con un negocio de venta de vehículos no relacionado con el canal. Zuloaga, quien se considera un perseguido político, se encuentra fuera del país.
Otra disposición prohíbe la existencia de circuitos radiales, es decir, de redes de emisoras que transmiten en conjunto toda o parte de su programación. En la práctica esto podría significar el fin de muchas radios pequeñas, que ahorran costos conectándose con otros proveedores de contenidos del país. "También con esto se rompe el hilo de la información", opinó Marcelino Bisbal.
Por último, tanto la radio como la televisión se declaran servicios de "utilidad pública", lo cual los haría susceptibles de las medidas sancionatorias y expropiatorias por la vía rápida, previstas en otras leyes vigentes.
Internet
Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con la creación de un punto único de acceso (o NAP, como se le conoce técnicamente), por el cual circularían todas las páginas de internet accesibles en el país.
El NAP quedaría en manos de la compañía estatal telefónica CANTV.
De acuerdo con técnicos, ésta es una solución deseable que reduce tiempos y costos, y que se aplica en naciones que van de Estados Unidos a Argentina.
"Pero estamos hablando de países de reconocida cultura democrática. En Venezuela, eso sería sumamente riesgoso y peligroso", opinó Marcelino Bisbal.
"Para mí hay una sensibilidad, por el manejo político que se ha hecho de la libertad de expresión. Un rechazo a todo lo que signifique regular, se siente que va a haber una especie de control. Eso distorsiona cualquier análisis", señaló, por su parte, la socióloga y analista de medios Carmen Elena Balbás.
De acuerdo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, estas leyes serán aprobadas en forma definitiva para el final de la semana.