∙ La celebración de la sesión conmemorativa del Congreso de Angostura fue aprovechada por diversos grupos laborales para elevar sus demandas particulares ante la AN aunque desde dos frentes distintos. Mientras que unos, aparentemente más ligados “al proceso”, pedían a la fracción oficialista la nacionalización de su empresa o la reactivación de obras o plantas paralizadas, otro grupo de trabajadores de diversos sectores que hacen vida en Guayana, a los que aparentemente un cerco de seguridad les negó el acceso a la sesión, elevaron sus reclamos a la fracción de la unidad, que a pesar de haberse negado a asistir a la sesión sí se dedicó a realizar diversas acciones tanto en Bolívar como en Caracas. Las reseñas indican que las quejas fueron recibidas fríamente por la bancada roja. Tal vez lo importante era escuchar la reafirmación del compromiso revolucionario del orador de orden para con su Comandante Presidente y su llamado a erradicar el capitalismo.
Lo que sí parece haber quedado claro es que la AN, que se supone tribuna popular, condiciona el uso de su escenario a los actores rojitos. Uno de los supuestos pilares de la revolución es que durante la cuarta república se limitaba el protagonismo del pueblo al excluirlos políticamente. Ahora, el socialismo les abrió las puertas al pueblo, claro está, previa redefinición del término “pueblo” con la inclusión del condicionante de ser “rojo rojito”.
LEYES POLÉMICAS
Cuestionadas ante el TSJ
∙ La Sala Constitucional recibió recursos de nulidad contra la Ley Habilitante, la de Soberanía y Autodeterminación Popular y la de Procesos Electorales consignadas por diversos sectores. Lo inconsulta, arbitraria e inconstitucional de las mismas fueron los elementos claves en todas las demandas interpuestas. La pelota está del lado del TSJ y dependiendo de cómo haga su próxima jugada dependerá mucho que su imagen ante la opinión pública mejore o termine de desplomarse. Hasta ahora, el máximo tribunal del país se ha mostrado bastante complaciente tratándose del Comandante Presidente, claro promotor de las leyes aprobadas por la anterior AN que se están impugnando ¿Seguirá manteniendo esa sumisión? Todo parece indicar que si.
ELECCIONES 2012
Ledezma se asoma
∙ A la espera de que la MUD defina el calendario y las reglas que regirán la elección del candidato de la unidad de cara a las elecciones de diciembre de 2012, el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma manifestó abiertamente su decisión de postularse como precandidato. Hasta ahora era un rumor, sólo uno de los tantos nombres que sonaban, pero con sus declaraciones de ayer Ledezma se lanza definitivamente al ruedo de la candidatura presidencial. Si bien Rosales había manifestado días atrás sus intenciones de ser candidato, la MUD de alguna manera lo descartó al afirmar que no postularía a nadie inhabilitado políticamente. Hasta ahora, las encuestas no parecen favorecer mucho las aspiraciones del alcalde. Sin embargo, la carrera apenas comienza y habrá de dar tiempo al tiempo para ver cómo se van decantando las simpatías de los electores.
ECONOMÍA
CANASTA BÁSICA
La canasta sigue subiendo
∙ La Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios se incrementó en más de 25% a lo largo de los últimos doce meses alcanzando un costo de 5.051,36 bolívares fuertes. Los mayores incrementos se registraron en artículos de higiene personal, limpieza del hogar, salud y alimentos. Al día de hoy, una familia requiere de cuatro salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades básicas. Los criterios teóricos sugieren que el ingreso familiar hipotético se debería componer de al menos dos salarios mínimos.
Si esto es así, las cuentas no cuadran y el déficit es brutalmente obvio. La inflación sigue anulando el ingreso de los trabajadores y ninguna de las políticas lanzadas desde el Gobierno han resultado efectivas para contenerlo y mucho menos para disminuirlo. Es desfase entre ingreso y costo de la vida es abismal y nada presagia que la situación mejore a corto ni mediano plazo.
CUENTAS POR COBRAR
Todos deben a PDVSA
∙ Petróleos de Venezuela tiene deudas por cobrar que ascienden a 1,6 millardos de dólares que en su momento fueron “prestados” a otras empresas en manos del Estado como Pequiven, Cadafe y Corpoelec para que éstas pudieran continuar sus operaciones en el año 2010. Sin embargo, el Gobierno mantiene inquebrantable su política de utilizar a PDVSA como copartícipe de actividades ajenas a su negocio que es el de la producción, refinación y distribución de petróleo y gas, cosa que muchos analistas ven como riesgo para la salud financiera de la empresa. Que PDVSA se ha convertido en la caja chica del Gobierno no es secreto para nadie. Que esto se hace sin ningún tipo de control o basamento legal lo suponemos todos. El flujo constante de dinero adicional por las subidas de los precios del petróleo parece haber signado el destino de la empresa, convirtiéndola en una especie de “papá cheque” de un gobierno que parece hacer un uso más que irresponsable de los recursos al repartirlos entre los “hermanos estatales” cuando cada uno de ellos debería ser capaz de auto sostenerse. ¿Quién controla todo esto? ¿Quién denuncia formalmente las irregularidades? ¿Quién advierte claramente sobre las consecuencias de esta política? La triste respuesta parece ser que nadie.