LEONARDO NOGUERA Los universitarios han protestado por la nueva ley que regirá el sector y que elimina la autonomía
D icho en una frase: se ha pisoteado la idea de justicia reemplazándola por la necesidad política. Es en ese sentido fundamental que se ha perdido la Constitución, que además de ser un acuerdo colectivo para limitar y dividir el poder obedece también a una noción de justicia que subtiende al cuerpo legal. El mensaje es claro: no hay ya más justicia en este país. Aquí no hay solamente una violación reiterada a la Constitución sino una traición deliberada. Haciendo uso de la convicción marxista de que el Estado y la legalidad es siempre la traducción de un interés de clase, el régimen traslada cínicamente, a la manera soviética, sus propios intereses al lenguaje legal. Y estas leyes grotescas que se multiplican ya no protegen o realizan derechos; ahora son únicamente (y explícitamente) instrumentos de opresión política, dirigidos a instaurar el estado de cosas que los votos repudiaron.
Es cierto que la innombrable calidad, en términos conceptuales y de técnica legislativa, de esta serie de normas, disminuye su impacto práctico inmediato. Lo importante es más bien su sentido político y las nuevas reglas del juego que ellas pretenden encarnar.
Son las reglas de una dictadura, claro (aunque sabemos que la forma clásica de la dictadura tuvo otro sentido político).
Ya no se discute si estamos en democracia o en dictadura, sino qué tipo de despotismo es el que se está diseñando, cuántos de los totalitarismos del siglo XX le han servido de inspiración, cuánto de inédito hay en él. Este capítulo legal, realmente, remite de forma directa al esquema soviético, en el que el derecho estaba al servicio del Plan, es decir, de la colectivización de los medios de producción y de la vida entera.
Y eventualmente, se puede suponer, se evocarán las predicciones soviéticas acerca de la desaparición de todo derecho, inútil en la futura sociedad sin clases. Claro que, en realidad, el orden fue otro: el derecho se inutilizó desde el principio, al convertirse en un mero instrumento de administración de personas cuyo único rectorado era el de la doctrina leninista.
Estos son los linderos en los que el régimen se planta: por una parte, el aparato legal (que en definitiva, resulta en una autorización ilimitada para la arbitrariedad del Ejecutivo).
Por otra parte, la "hegemonía" comunicacional, que se instala no ya solamente sobre la censura, la prohibición y la desaparición de medios alternativos, sino mucho peor directamente sobre estrategias discursivas que aunque presentes, no tenían la cínica consistencia que ahora presentan: la estrategia de la desinformación y la de la mentira más abominable. Y en tercer lugar, el uso de la fuerza militar y el mensaje de que la violencia de Estado está entre las primeras opciones de control social.
Pero esto genera, está generando aceleradamente, aprendizajes en una sociedad que despierta del adormecimiento de los dólares, que está exigiendo voz, que está también entendiendo la lógica hasta ahora difusa del régimen, que no cae en las provocaciones pueriles y fatales de un gobierno convertido en camarilla de cómplices. La aceleración enloquecida hacia el vacío de la tiranía va acompañada de una conciencia proporcional sobre el riesgo que corre la república; si muchos subestimaron la hubris de Hugo Chávez, es seguro que éste ha subestimado, en medio de su francachela, los poderes de una sociedad atribulada.