La última arremetida de Carlos Cardoen
En marzo próximo se termina la Alerta Roja emitida por Interpol para la captura del empresario colchagüino, que lleva más de 20 años vigente. Su abogado, Juan Pablo Olmedo, reactivó en 2014 las gestiones diplomáticas para lograr que Estados Unidos se defina: o piden la extradición o cancelan la orden.
por Francisco Siredey y Francisco Artaza
"El estatus ilegal de Carlos Cardoen en América parece no haber sido un obstáculo para el negocio de exportaciones de Viña Tarapacá. Los fiscalizadores federales y estatales se preocupan solamente de que la etiqueta coincida con lo que hay dentro de la botella y de que el importador tenga la licencia en regla (…). Aún así, ciertas autoridades federales no están muy contentas con que un sospechoso que han buscado por 10 años coseche ganancias del mercado americano. ‘Ciertamente, no vamos a alentar a compañías de EE.UU. a hacer negocios con un fugitivo que es buscado por vender millones de dólares en bombas de racimo a Saddam Hussein’, dice Dean Boyd, vocero del Servicio de Aduanas”.
Hibbard, Justin. (02/03/2003). La conexión chilena, San Francisco Chronicle.
La publicación de este artículo determinó el cierre definitivo del mercado estadounidense para el Grupo de Empresas Cardoen, hace casi 12 años. Andrés Cardoen, actual director ejecutivo del holding y uno de los ocho hijos del empresario colchagüino Carlos Cardoen (72), recuerda que los distribuidores rompieron su vínculo con Viña Tarapacá apenas leyeron el reportaje. El término de los contratos en Estados Unidos y la mala reputación adquirida, en última instancia, los obligó a vender su participación en la empresa madre de Viñas Tarapacá -la Compañía Chilena de Fósforos- a sus socios José Luis Vender, Gustavo Romero y Juan Eduardo Errázuriz.
“Tuvimos que reinventarnos, orientarnos a negocios dentro del país. Proyectarnos internacionalmente es complicado. Muchas veces me ha tocado dar explicaciones a gente de otros países por ciertos antecedentes que nos generan una barrera”, comenta Andrés Cardoen, en representación de su padre, quien prefirió no referirse al tema.
La barrera tiene nombre. Se le denomina Alerta Roja y fue declarada por la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol. Esta le impide a Carlos Cardoen salir de Chile. Si llegara a poner un pie fuera del país, corre el riesgo de ser detenido y extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde podría pasar meses o hasta años en prisión preventiva antes de un juicio. “El tema de no viajar él lo tiene asumido. Esto se trata más de nuestra honorabilidad y del perjuicio económico, que es incalculable -agrega Andrés Cardoen-. Creemos que es el momento de dar vuelta la página”.
Después de dos décadas, la familia de Carlos Cardoen tiene la esperanza de que finalmente se levante la restricción. La Alerta Roja emitida por Interpol vence en marzo y el abogado del empresario de Santa Cruz, Juan Pablo Olmedo, lleva meses preparando una ofensiva en dos frentes, judicial y diplomático, para sacar a su cliente del confinamiento. La idea es llegar hasta las últimas circunstancias, sea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Casa Blanca.
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De acuerdo al artículo 82 del Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos, la finalidad de una Alerta Roja es “la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición”.
EE.UU. activó este mecanismo hace más de 20 años, en mayo de 1993. En Interpol se tradujo en la orden Nº 93-0241-CR. La acción penal que justificó esta notificación de captura internacional fue presentada por el Departamento de Comercio y el Servicio de Aduanas ante un tribunal de Miami por exportación ilegal de circonio, un metal utilizado en reactores nucleares, pero que según los persecutores norteamericanos, era usado por las Industrias Cardoen para la construcción de bombas de racimo. Su destino final era el arsenal del Ejército iraquí liderado por Saddam Hussein, gobernante “amigo” de EE.UU. en los 80 -durante su enfrentamiento con Irán- y luego enemigo en los 90, tras su invasión a Kuwait.
Los cargos contra el chileno eran “falsa declaración ante la administración del gobierno de EE.UU.”, “exportación de municiones sin licencia”, “asociación ilícita” y -finalmente- otro delito con el intrincado nombre de “infracción de la legislación sobre la exportación por utilización de una licencia de exportación para la exportación ilícita de municiones”. Todos quedaron agrupados bajo un título bastante más simple: US vs. Cardoen.
Juan Pablo Olmedo, ex presidente del Consejo para la Transparencia, asumió la defensa de Cardoen en 2007. El 19 de noviembre de ese año, su colega Marcia González, abogada corporativa del holding, envió a la Secretaría General de Interpol una solicitud de cancelación de la Alerta Roja vigente desde 1993. El argumento que sustentaba el escrito era la “inacción de los Estados Unidos de iniciar los trámites de extradición en Chile”. En otras palabras, la Alerta Roja había perdido su razón de ser, pues el ingeniero chileno tenía domicilio conocido en Santa Cruz y, por lo tanto, estaba “localizado”.
-La mantención de una Alerta Roja por más de 20 años sin que se lleve adelante un proceso de extradición, que es su finalidad, implica una vulneración de los derechos fundamentales de Carlos Cardoen, establecidos en la Constitución Política de Chile, pero también en los tratados internacionales -asegura Olmedo.
La respuesta de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol llegó un mes después, el 21 de diciembre de 2007. Simplemente, acusaba recibo de la solicitud. No se supo más desde la sede de Interpol en Lyon, Francia, hasta hace algunos meses.
En el entretanto, fue la oficina chilena de Interpol, la Policía de Investigaciones (PDI), la encargada de revelar a cuentagotas la información. A través de una solicitud de acceso a la información amparada en la Ley de Transparencia (N° 20.285), el 8 de febrero de 2011 se pidió información sobre la vigencia de la Alerta Roja. La réplica se demoró 20 días. Ella les permitió a Olmedo y su representado saber que la orden de captura había sido renovada por las autoridades norteamericanas el 8 de diciembre de 2009 y hasta marzo de este año. Para el abogado, el hecho de nunca haber sido notificados significó una transgresión más a la garantía constitucional de “debido proceso”.
-El estado de derecho exige, en cuanto a la persecución de Carlos Cardoen, que Estados Unidos deponga la Alerta Roja o bien inicie el proceso de extradición -explica Olmedo.
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La Cancillería chilena lleva 16 años de gestiones en favor de Carlos Cardoen ante Estados Unidos. Cada administración, desde Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha abordado la cancelación de la Alerta Roja en diferentes instancias con sus pares del norte. Ricardo Lagos incluso sacó el tema a la palestra algunos días antes de la visita de George W. Bush por la cumbre Apec 2003. La comitiva norteamericana no quería ver a Cardoen en las actividades oficiales y, después de un par de discusiones, se salió con la suya.
En los últimos años se han enviado dos notas diplomáticas a la embajada de EE.UU. por la situación del empresario de la VI Región. El ex canciller Alfredo Moreno firmó la nota N° 7179 el 14 de junio de 2012, pidiendo el levantamiento de la Alerta Roja: “Se expresa la preocupación del gobierno de Chile por la vigencia de una orden de Alerta Roja en Interpol, sin que a la fecha se haya realizado un pedido de extradición a nuestro país, situación que vulneraría los derechos fundamentales de un ciudadano chileno”.
Esta nota nunca tuvo respuesta.
En 2014, Olmedo reactivó las gestiones. El 27 de enero se le envió un oficio al director general de la PDI, Marcos Vásquez, esgrimiendo los mismos argumentos para que Interpol Chile intercediera en nombre de Cardoen. Las comunicaciones quedaron a cargo del subprefecto Pedro Cuevas, jefe de la oficina local de Interpol. El 6 de junio, se elevó la solicitud formalmente a la oficina de Lyon, cuya respuesta se conoce sólo por referencias. Llegó el 1 de julio. En ella, la Secretaría General de Interpol comunica que la Alerta Roja está bien justificada por Estados Unidos, ya que la extradición no ha sido pedida, debido a que el tratado vigente entre ambos países -de 1900- no contempla este delito.
Consultados al respecto, desde la embajada de Estados Unidos confirmaron esta versión a Reportajes. “La razón por la que no se ha solicitado la extradición del señor Cardoen desde Chile se debe a que el tratado de extradición bilateral vigente entre Estados Unidos y Chile no contempla como crimen extraditable el delito por el cual el señor Cardoen ha sido acusado. Aun cuando el señor Cardoen no pueda ser extraditado desde Chile, las acusaciones en su contra aún se mantienen pendientes y Estados Unidos continúa buscándolo para llevarlo a juicio”, señalaron a través de un comunicado.
Olmedo cree que la justificación es pobre. Que la mención al tratado de 1900 omite otros compromisos internacionales firmados por ambos países, que complementan al original, como el Tratado Multilateral de Montevideo de 1933, que no establece una lista de delitos por los cuales se puede pedir la extradición. Olmedo también menciona el artículo 84 del Reglamento de Interpol sobre Tratamiento de Datos -aprobado en 2012-, el cual indica expresamente que pedir la extradición es obligatorio.
En el entorno de Cardoen se comenta que la verdadera razón por la cual Estados Unidos nunca ha hecho reales gestiones para conseguir su entrega es su resistencia a ventilar temas de seguridad nacional en tribunales foráneos.
“La práctica da cuenta de situaciones concretas en las que se ha procedido a la extradición de nacionales a dicho país por delitos no incluidos en el tratado. Por último, no corresponde a la autoridad ejecutiva de los EE.UU. calificar la procedencia o no de la extradición, sino que al Poder Judicial de Chile”, expresa Olmedo, quien cita un par de ejemplos para ilustrar que la Corte Suprema sí ha extraditado a ciudadanos chilenos hacia EE.UU. por delitos no especificados en el Tratado de 1900. Uno de ellos es el caso de Marcela Olivares Bravo, acusada de narcotráfico en EE.UU. y puesta a disposición de la justicia norteamericana en 2011.
En su respuesta a la oficina central de Interpol, el jefe local, Pedro Cuevas, argumentó en esta misma línea. El detalle de las últimas comunicaciones sobre este tema entre Santiago y Lyon fueron exigidas por Olmedo en diciembre, a través de una solicitud de transparencia. La información debería ser entregada la próxima semana.
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El nuevo tratado de extradición entre Chile y Estados Unidos fue aprobado en Valparaíso y espera su ratificación en Washington, específicamente en el Senado. Con o sin ella, el panorama de Cardoen no cambiaría, pues no contempla retroactividad. Esto quiere decir que la extradición para los nuevos delitos incorporados en el pacto -entre ellos los aduaneros- sólo se aplicará en casos ocurridos después de la firma. Olmedo considera que no se pueden dejar temas pendientes. Lo mismo señaló el senador PS por la VI Región Juan Pablo Letelier, durante la discusión del proyecto en la Cámara Alta.
Hace algunos meses, la administración de Heraldo Muñoz envió una nueva nota diplomática pidiendo el fin de la Alerta Roja y ofreciendo colaboración a la justicia estadounidense, que se manifestaría a través de declaraciones del empresario chileno desde el país. Esta misiva tampoco ha encontrado respuesta. “A estas alturas, este tema no sólo involucra a Carlos Cardoen, a su familia y sus representantes legales, sino al Estado de Chile en su conjunto. En mi opinión, la falta de respuesta de EE.UU. representa una falta de deferencia con el Estado de Chile”, sentencia Olmedo.
El abogado también ha intentado comunicarse directamente con la Secretaría General de Interpol. El 8 de julio de 2014 pidió bajar la Alerta Roja una vez más. El 8 de agosto recibió una escueta respuesta de Joel Sollier, asesor de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol: “Acusamos recibo de su carta en relación a la notificación roja publicada contra Carlos Cardoen (...). La Comisión de Control de Ficheros se pondrá en contacto con usted al respecto”. Hasta esta semana, ese contacto aún no se producía.
Aunque la estrategia a largo plazo no está trazada, en caso de que Estados Unidos pida renovar la Alerta Roja, la defensa de Olmedo no descarta llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, quedan otras instancias por agotar, como contactos diplomáticos a nivel de cancilleres o, por qué no, lograr que sea un punto a tratar en una futura bilateral entre la Presidenta Michelle Bachelet y el Presidente Barack Obama.