Central Río Cuervo.

El vinculo de la familia Walker con el proyecto Central Río Cuervo.

El 7 de agosto pasado Xstrata reingresó al sistema ambiental su iniciativa para construir la Central Río Cuervo en Aysén. La génesis del proyecto fue una apuesta de la familia del actual diputado y candidato a senador por la zona, Patricio Walker (DC), que impulsó la polémica planta reductora de aluminio. Los fuertes lazos políticos del clan falangista fueron claves en la obtención de derechos de agua y tierras, que hoy son los mismos donde se pretende instalar el proyecto hidroeléctrico.
Cuervo /Proyecto Energético Central Río Cuervo

El martes pasado el diputado demócrata cristiano Patricio Walker inició una serie de encuentros en la región de Aysén junto al candidato Eduardo Frei. Su estadía coincide con la semana distrital que a él le toca en la Región de Coquimbo, ya que actualmente es diputado por esa zona. Como candidato a senador por la zona, los viajes del parlamentario, que es diputado desde 1997, son cada vez más frecuentes.

Pero los lazos con la región de uno de los nueve hermanos Walker Prieto no son recientes: su fallecido padre, Ignacio Walker Concha -uno de los fundadores de la falange- fue empresario pionero de la zona y lideró una serie de iniciativas. Incluso poseen un pueblo: Puerto Sánchez, que fue adquirido por el clan durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Entre las apuestas empresariales de Walker Concha se encuentra la polémica planta Alumysa, que fue presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2001, pero que nunca vio la luz. Pero sí dejó descendencia: el nuevo proyecto energético de la región, Energía Austral, de la hidroeléctrica Río Cuervo, de filial suiza Xstrata Copper, la que heredó los derechos de agua y las tierras que originalmente darían vida a la planta reductora de aluminio.

Esto, porque la minera canadiense Noranda, a la que los Walker vendieron el proyecto Alumysa, se fusionó con la compañía Falconbridge luego de que la apuesta quedara en el camino. En agosto de 2006 Xstrata adquirió la compañía y rescató la oportunidad de los derechos de agua y tierras que incluía esta adquisición.

En enero de 2007 la multinacional presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la primera de las tres unidades del complejo hidroeléctrico que pretendía construir en la Undécima Región, pero fue rechazado. El 7 de agosto pasado volvió a la carga, presentando un nuevo estudio, que contempla la construcción de una central de 640 MW con un costo de 733 millones de dólares. Este coincidió con un mes sumamente complejo para las autoridades ambientales: también debían evaluar la adenda de casi 3 mil preguntas de HidroAysén, que finalmente suspendió la entrega hasta fines de octubre.
Un gran negocio

A fines de 1987 se gestó Proyectos de Aysén S.A. (PDA), del grupo Walker. A fines de ese año, se impulsó la construcción de la Central Hidroeléctrica Meullín. Para ello, en febrero de 1990 el ministerio de Bienes Nacionales les vendió más de 16 mil hectáreas por poco más de 40 millones de pesos (unos 2.500 pesos por hectárea). El compromiso, eso sí, implicaba construir la central en un plazo de 36 meses, levantar un camino entre el lago Meullín y el Fiordo de Aysén y cumplir con un plan de contratación de mano de obra. En caso contrario, el contrato incluía una indemnización, una hipoteca y boletas a favor del fisco.

Un año después, el panorama cambió: el presidente de PDA, Ignacio Walker padre, anunció que se iniciaría la construcción de una gran hidroeléctrica, de mayor potencia que la original, en el fiordo de Aysén, además de una planta reductora de aluminio.

En esa fecha PDA ya contaba con unos 114 m3 de derechos de agua en los ríos Cóndor y Cuervo, los cuales fueron posteriormente complementados con derechos solicitados en las mismas cuencas, más otros en el río Blanco.

En marzo de 1991 PDA y la minera canadiense Noranda anunciaron, junto al entonces ministro de Minería, Juan Hamilton (DC), que desarrollarían el proyecto Alumysa durante los próximos 5 a 6 años. En octubre de 1992, mediante un Decreto Supremo, se dejó sin efecto lo acordado en el contrato con el fisco en torno al proyecto original de los Walker, aunque tuvieron que pagar una indemnización de poco más de 50 millones de pesos. De esta forma, podrían obtener financiamiento internacional para la nueva apuesta sin problemas.

Tres años más tarde PDA vendió las tierras, los derechos de agua y hasta la marca Alumysa al Proyecto Alumysa S.A., quedando en manos de Noranda. El monto es un misterio, ya que la familia es reacia a hablar de platas.

Según el coordinador de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida (ARV) -que nació como campaña ciudadana de oposición al proyecto Alumysa-, Peter Hartman, los precios que pagaron originalmente fueron una ganga, siendo el fisco el gran perdedor del asunto. La propia ministra de Bienes Nacionales de la época, Adriana del Piano, informó en noviembre de 1995, que los terrenos fiscales se vendieron a precios aparentemente bajos, pero el fisco no tuvo, en la oportunidad debida, los antecedentes y pruebas necesarios para accionar jurídicamente ya que, a dicha fecha, todas las acciones estaban prescritas.
Cartas

Los vínculos con el mundo político de la familia Walker son varios. Ignacio Walker fue diputado y luego ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy es carta para un cupo en el Senado por la Quinta Región Cordillera. En tanto, otro de los hermanos Walker, Matías, es candidato a la Cámara por el distrito que actualmente representa su hermano Patricio.

La importancia de los lazos políticos de la familia, se refleja en que mientras se gestaba el proyecto Alumysa, Walker Concha mantuvo un intercambio epistolar directamente con el director de la Dirección General de Aguas de la época, Gustavo Manríquez, y con el entonces ministro de Hacienda,Alejandro Foxley.

El motivo: las trabas a las solicitudes de derechos de agua en el río Cuervo. En su carta a Manríquez, fechada el 6 de febrero de 1991, el falangista señalaba que a raíz la preocupación de sus socios e inversionistas extranjeros en torno a “la adecuada dotación de aguas para la ampliación del proyecto, el Sr. Ministro de Hacienda nos envió carta fechada el 22 de enero que en fotocopia le acompaño, en carácter de confidencial. Con ello corroboro a Ud. el carácter de interés nacional del proyecto que nos ocupa”.

Para ello, y como remate de la misiva, el empresario solicitaba a Manríquez “que se dicte la resolución respectiva sin incluir ninguna limitación, como la que hoy es materia de reconsideración”.

La carta enviada por Foxley a la que aludía Walker Concha, señalaba el interés del Gobierno para la realización del proyecto Alumysa. “El Gobierno desea expresar su disposición a tramitar con la mayor diligencia las solicitudes de derechos de agua adicionales necesarios para la expansión de la capacidad del Proyecto, dentro del marco de la legislación vigente”, expresaba el documento.

En septiembre de 1992 estos derechos de agua fueron aprobados.

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